No corazón de Vigo, un tráxico suceso lémbranos a crúa realidade que enfrontan inquilinos e inquilinas cada día: a loita desesperada por un teito digno, un lugar onde acubillar os seus soños e esperanzas. Non podemos seguir ignorando o sufrimento daqueles que ven ameazado o seu fogar, a súa seguridade e a súa dignidade. Non son suicidios, son asasinatos. É hora de erguer a nosa voz e esixir un cambio.
O recente intento de suicidio dun inquilino en Vigo tras recibir unha orde de desafiuzamento é só a punta do iceberg dunha crise de vivenda que afecta a milleiros de persoas na nosa cidade e en todo o país. Detrás de cada desafiuzamento, detrás de cada cifra estatística, hai rostros, historias e soños truncados por un sistema que prioriza o lucro sobre o benestar humano. Non podemos permitir que estas traxedias se repitan unha e outra vez. É urxente actuar.
Enfrontámonos a unha realidade alarmante: desafiuzamentos diarios, familias enteiras en risco de perder os seus fogares e alugueiros inalcanzables. É hora de poñer fin ao rentismo desenfreado, á especulación inmobiliaria que converte os fogares en simples activos financeiros. É hora de regular os prezos do alugueiro, de garantir que todas as persoas teñan acceso a unha vivenda digna e estable.
É hora de actuar, de unirnos e loitar por un futuro onde o dereito á vivenda sexa unha realidade para todos e todas. Non son suicidios, son asasinatos. É hora de deter esta inxustiza dunha vez por todas.
En el programa en directo de Economía Cabreada del 23 de abril analizamos el mercado del alquiler y las legislaciones de vivienda con Javier Gil del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) y Martín Cúneo de El Salto.
dos invitados de lujo. Javier Gil del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) es un grupo de investigación de la UNED que busca profundizar en los principales debates sobre la ciudad contemporánea, con el objetivo de impulsar la investigación urbana aplicada al cambio social. Y a mi compañero en El Salto y responsable de los artículos de vivienda, Martín Cúneo.
En España, cada vez que un fondo buitre o un banco compra una vivienda a través de una SOCIMI, casi no paga Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Mientras que la gente que necesita casa tiene que pagar un impuesto de hasta el 10% del valor de la propiedad, los fondos tienen una bonificación del 95%. Goliath juega con las cartas marcadas
1. Comprueba que quien te alquila la vivienda es, efectivamente, el propietario
Es lo habitual, pero conviene cerciorarse de ello para evitar disgustos (como, por ejemplo, darse cuenta a posteriori de que el piso alquilado y por el que se ha pagado la señal no pertenece a quien dice ser su propietario). Comprobarlo es fácil: si hay un intermediario inmobiliario, se le puede pedir que lo confirme; si el contrato se establece entre particulares, basta con una nota en el registro de la propiedad. Ojo, comprueba que dicha nota sea reciente.
2. Comprueba que el intermediario inmobiliario tiene mandato efectivo
Es lo normal, pero, aun así, habría que pedir el documento en que el propietario le autoriza a alquilar la vivienda y a realizar todos los trámites relacionados. Si alguno de los firmantes actúa en nombre de una persona jurídica, se deberá incluir su razón social e indicar con claridad en título de qué lo hace (apoderado, administrador, etc.). También se deberá indicar el domicilio de la persona jurídica en caso de que sea necesario requerirla o notificarle algo, así como su NIF o CIF.
3. Estudia bien qué recoge el contrato
Antes de firmar el contrato hay que leerlo bien y, si es posible, negociar sus condiciones con el arrendador o, como mínimo, hacer constar las discrepancias que tenemos con él (mejor por escrito). Las condiciones incluyen mucho más que la renta mensual –el precio-, sino también la duración del contrato, la persona (arrendadora o inquilina) que debe asumir los diferentes gastos (comunidad, impuestos, seguro, etc.), los motivos de incumplimiento, la penalización por abandonar la vivienda antes del cumplimiento o el pago de los arreglos en caso de averías.
¿Qué debe incluir un contrato?
La fecha en la que se firma el mismo. La identidad o datos personales de ambas partes contratantes (nombre completo, estado civil, domicilio, NIF, correo electrónico y teléfono). Los detalles de la vivienda (dirección completa, superficie aproximada, inscripción en el Registro de la Propiedad, número de referencia catastral, si la vivienda contiene mobiliario y, en caso afirmativo, preferiblemente un inventario adjunto del mismo; si se alquila con trastero o garaje, etc.). La duración del contrato en función del acuerdo alcanzado y la fecha a partir de la cual empieza a contabilizar. Importe de la renta anual y plazos y medios de pago.
¿Es obligatorio el certificado de eficiencia energética?
Desde el 1 de junio de 2013, para poder arrendar o vender una vivienda es necesario disponer de un certificado de eficiencia energética (salvo en inmuebles con una superficie útil inferior a 50 m2).
En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o propietario por la desprotección social y sobre todo por la creciente precariedad y aumento del precio de la Vivienda
Los caseros y el Rentismo saben que no existe un parque de viviendas al margen del del mercado libre que controlan .
El parque de vivienda protegida es de solo un 2,5%. Lejos de los objetivos que la Ley de Vivienda se marca (20%), .
El aumento imparable de los pisos de Alquiler Turístico responde ,no ha una necesidad sino a una política ultra especulativa del rentismo
Una nueva forma de especular con la vivienda está proliferando por la ciudad y los caseros no están dudando en explorar: el modelo de alquiler por habitaciones regidos por el Código Civil. Para saltarse la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se argumenta que las habitaciones en pisos compartidos, al no disponer de baño y de cocina propios, no pueden considerarse como viviendas habitables en sí mismas y, por tanto, no se han de regir por la misma normativa que el resto de alquileres.
Esta última vuelta de tuerca lleva a una triple estafa:
La renta por habitaciones hace que se doble o triplique el precio del alquiler, dando lugar a un encarecimiento salvaje, como por ejemplo cobrar 640€ por cada habitación mientras se paga 330€ de media compartiendo piso en el mismo edificio.
Por la falta de regulación en este tipo de contratos, se siguen cobrando los honorarios de inmobiliaria (gastos de gestión que equivalen a una mensualidad) a pesar de que ya es ilegal cobrárselo a los inquilinos. A estos gastos, se suman el mes de fianza necesario para entrar y también otros suplementos adicionales, como en caso de que haya una pareja alquilando la habitación.
Se suelen imponer contratos temporales de forma fraudulenta, con una duración de seis o nueve meses, en este tipo de alquiler. Al final de cada contrato, los propietarios imponen una subida en el precio lo que lleva a una especulación sin límites.
Detrás de ese múltiple fraude, hay un modo de actuar claro y definido:
Los caseros, que suelen ser particulares, generalmente herederos de fincas, retiran estas viviendas del mercado de alquiler habitual y lo dirigen a un nuevo nicho: habitaciones para gente que llega a Madrid para estudiar o trabajar temporalmente.
Recurren a empresas de inversión inmobiliaria especializada en el modelo Rent2Rent, como por ejemplo Domático22: empresas jóvenes con un equipo que se encarga de gestionar las incidencias con los inquilinos, realizar las reformas en los pisos y captar nuevas propiedades. Estos inversores conciben la vivienda como un puro negocio y su intervención en el mercado del alquiler juega un papel esencial en la precarización extrema que estamos viviendo.
Los caseros suelen acosar y presionar a las inquilinas para que se marchen de la habitación si no aceptan las subidas abusivas o si piden un contrato de larga estancia, obviando sus derechos y expulsándolas para seguir especulando con la siguiente persona que encuentren.
Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el 41% de los alquileres de vivienda se dan sin declaración a Hacienda pero, en el caso de los alquileres de habitaciones por Código Civil, las cifras podrían ser mucho mayores.
Más allá del deterioro de la calidad de vida de las inquilinas y de la inflación desatada en el mercado privado del alquiler que estos abusos generan, también se pone en riesgo la esencia de los barrios, promoviendo una vivienda y una vida de paso: una temporalidad corta y cara, muy por encima del nivel de vida de las vecinas locales, donde se precia la inmediatez, la disponibilidad, la gentrificación y la turistificación. Se crea entonces una economía y una manera de habitar el barrio a dos velocidades, provocando una inestabilidad constante para la zona, su creciente gentrificación y su potencial destrucción.
Por todo ello, es importante que nos organicemos para plantar cara a este tipo de alquileres temporales por habitación. Basta de abusos, de estafas y de especulación. Luchemos juntas para defender nuestras casas, nuestros bloques y nuestros barrios! Afíliate al Sindicato, únete a una de nuestras asambleas y escríbenos a accionsindical@inquilinato.org si tú también estás sufriendo por esta situación. Juntas, ¡podemos cambiarlo todo!
A situación actual do mercado de alugueiro e do dereito á vivenda é un tema de gran importanciana actualidade. A complexidade desta situación está directamente influenciada pola presenza do banco malo, a SAREB, cuxo impacto no mercado é innegábel. A SAREB, malia a súa natureza parcialmente pública, é obxecto de críticas en relación coa súa orixe e o seu papel no rescate da banca. Esta situación expón importantes interrogantes sobre a responsabilidade na crise do mercado inmobiliario, cuxo análise é fundamental para comprender a fondo os factores que contribúen a esta problemática. Desexo facer algunhas reflexións agudas que lancen un pouco de luz sobre un tema de gran importancia para a sociedade viguesa.
É fundamental salientar a influencia determinante da banca e o sector do rentismo parasitario na dinámica do mercado inmobiliario. O comportamento destes actores incide de maneira determinante nos prezos dos alugueiros das vivendas, exercendo un impacto directo na accesibilidade a unha vivenda digna para amplos sectores da poboación viguesa. A falta de disposición para regular os alugueiros e diminuír os prezos agrava aínda máis a situación, xerando repercusións negativas que van máis aló do aspecto económico. Esta problemática non só afecta ao custo da vivenda, senón que tamén transforma a dinámica social e urbana das cidades e os barrios, contribuíndo á xentrificación e á expulsión de persoas de baixos recursos das súas contornas tradicionais. Estes efectos, á súa vez, poden incidir na cohesión social e na diversidade cultural dos espazos urbanos, xerando unha serie de desafíos que deben abordarse de xeito integral.
É fundamental manter viva a discusión nos medios de comunicación, xa que a súa contribución é fundamental para lanzar luz e conciencia sobre un tema de tanta importancia para a sociedade. É necesario unha análise fonda, integral e equitativa da situación, evitando simplificacións que poidan eximir de responsabilidade aos implicados. Este proceso de reflexión continua é esencial para promover un entendemento profundo e promover cambios importantes na nosa realidade social.
No xornal Atlántico Diario saliéntase que en Vigo, a Sareb converteuse no principal posuidor de terreos e inmobles. Conta con 67 vivendas e 19 unidades adicionais como anexos. Ademais, dispón de 181 parcelas edificábeis destinadas a uso residencial e outras 40 destinadas a usos comerciais, de servizos e industriais. En toda a provincia de Pontevedra, a Sareb posúe un total de 403 vivendas, 384 unidades de anexos, 80 unidades en proceso de construción e 1.629 parcelas de terreo. Entre as propiedades da Sareb, que proveñen das antigas caixas de aforro, atópanse algúns dos desenvolvementos máis emblemáticos de Vigo, como a zona da Praza de España (actualmente incluída no PXOM, o que facilita a súa urbanización), Alfageme (vinculada a unha área en Tomás Alonso) e a Seara, unha das “illas” dentro da cidade. Este extenso patrimonio territorial, distribuído principalmente entre Vigo, Sanxenxo, A Coruña e Ourense, ten un impacto significativo no panorama urbano e económico destes diferentes lugares de Galicia.
Tendo en conta as situación descrita en Atlántico Diario, opino que o Sindicato de Inquilinas Vigo debería levar adiante varias actuacións para defender os intereses dos arrendatarios e presionar ás administracións públicas e á patronal inmobiliaria. Entre as estratexias a considerar atópanse:
Mobilización e sensibilización: Organizar moitos máis eventos, manifestacións e campañas para concienciar á cidadanía viguesa sobre a problemática da vivenda e a concentración de chan en mans de entidades como a Sareb.
Presión e negociación: Establecer diálogo con autoridades locais e autonómicas para propoñer políticas de vivenda que limiten a especulación e fomenten o acceso a vivendas asequibles.
Asesoría legal: Ofrecer asistencia xurídica a inquilinos en situacións precarias, outorgando apoio en casos de desaloxo inxusto ou situacións de vulnerabilidade.
Denuncia pública: Visibilizar casos de abusos por parte de propietarios ou entidades inmobiliarias, expoñendo situacións de falta de mantemento, alzas abusivas nos prezos de alugueiro, entre outros.
Alianzas estratéxicas: Establecer vínculos con outras organizacións afíns, como sindicatos, asociacións de veciños, Ong e grupos defensores dos dereitos humanos, para fortalecer a presión colectiva.
Propostas de regulación: Contribuír na elaboración de iniciativas e propostas lexislativas que promovan a regulación do mercado inmobiliario e a protección dos dereitos dos inquilinos.
Accións directas non violentas: Realizar manifestacións de presión pacíficas, ocupacións simbólicas e outras accións que xeren visibilidade e conciencien sobre a problemática da vivenda en Vigo e arredores.
O Sindicato de Inquilinas Vigo, mediante estas e outras accións, pode exercer presión e promover cambios nas políticas públicas e na actitude da patronal inmobiliaria, en busca dun acceso xusto e digno á vivenda para todos as cidadás e cidadáns. É a hora das inquilinas e inquilinos de Vigo! Defender xuntas o dereito a unha vivenda digna!
Unha abordaxe eficaz para combater os abusos da Patronal Rentista, Caseiros e o Concello de Vigo é aplicar medidas que reduzan e regulen o prezo dos alugueiros. Iso pode ser feito a través de políticas que limiten os aumentos dos alugueiros e garantan que as rentas e as súas actualizacións se axusten á legalidade e sexan xustas e accesíbeis para a poboación.
2) Controlar e reducir as viviendas de uso turístico e regular de xeito moi estricto o seu funcionamento:
É importante reducir o número de vivendas destinadas a uso turístico e establecer unha regulamentación rigorosa para o seu funcionamento. Iso pode axudar a preservar a dispoñibilidade de vivendas para os residentes locais, evitando que a especulación inmobiliaria prexudique o acceso á vivenda para a poboación.
3) Creación dun Parque Público de Vivenda en réxime de alugueiro:
A creación dun Parque Público de Vivenda en réxime de alugueiro é unha medida fundamental para garantir que as persoas teñan acceso a vivendas de calidade a prezos xustos. Ese tipo de iniciativa pode ser unha resposta eficaz para atender ás necesidades de vivenda da comunidade, ofrecendo opcións accesíbeis e seguras para os residentes.
4) Gravación fiscal e expropiación de viviendas baleiras:
Ademáis, a imposición de impostos e taxas municipais sobre inmóbeis baleiros e estudar a posibilidades e viabilidade legal de realizar expropriación daquelas propiedades que permanecen baleiras por longos periodos de tempo.
5) Ampliar e mellorar os programas municipais de asistencia financeira para o pagamento dos alugueiros a persoas en situación de emerxencia habitacional:
Ampliación ou posta en marcha e desenvolvemento de programas municipais de asistencia financeira para aqueles que teñen dificultades para o pagamento do seu alugueiro, o que podería axudar a garantir que un maior número de persoas en situación de emerxencia teña acceso a unha vivenda axeitada, especialmente no caso de colectivos vulnerables.
Estas poderían ser algunhas das estratexias importantes para incentivar a ocupación e utilización axeitada das vivendas, evitando a especulación inmobiliaria e contribuíndo para a dispoñibilidade de vivendas para a poboación. Estas medidas, sendo aplicadas de forma integrada e consistente, teñen o potencial de mitigar os abusos da Patronal Rentista, Caseiros e o Concello de Vigo, promovendo un ambiente máis xusto e equitativo no acceso á vivenda.
Hay que decirlo alto y claro: #ElRentismoEsRacismo. Varios estudios sobre discriminación racial lo demuestran: en 2020, el 75% de los hogares de extranjeros no comunitarios vivían de alquiler frente al 11.1% de la población española. Un 31% de las personas migrantes sufrieron discriminación en el acceso a la vivienda ese año: a un 17,7% le negaron enseñársela, a un 20,8% no quisieron alquilársela y a un 20,1% le pidieron más requisitos de los habituales. Más allá de los datos, sabemos que el racismo inmobiliario existe y nos atraviesa porque lo vemos día a día en nuestras asambleas: en las nefastas condiciones de habitabilidad, en el hacinamiento de las viviendas, en los testimonios de amenazas y abusos racistas que escuchamos cada viernes.
La falta de control sobre nuestras viviendas nos afecta a todas, nos empobrece y nos somete a un estado de inestabilidad constante. Pero es innegable que esto no nos ocurre de la misma forma a todas las inquilinas. Las personas racializadas y migrantes extracomunitarias vivimos la violencia del racismo inmobiliario de mil formas diferentes. No somos casos aislados, nuestras experiencias dejan en evidencia que el racismo estructural e institucional tiene un impacto directo en nuestra posibilidad de tener un hogar donde poder vivir la vida digna que queremos y merecemos.
Sindicato InquilinasVigo
Por todo ello, es esencial que el antirracismo sea un pilar central en nuestra lucha como Sindicato. No queremos que se hable de rentismo sin hablar de racismo. Luchamos por el derecho a la vivienda para todas y ahí estamos también todas aquellas a las que el racismo y la Ley de Extranjería nos relega a los márgenes. Llevamos más de un año trabajando en la estrategia antirracista del Sindicato y ya estamos empezando a ponerla en marcha para organizarnos alrededor de esta realidad entre todas. Si a ti también te apetece unirte a este trabajo, escríbenos, ¡contamos contigo!
Considerámola positiva, pero insuficiente: • Responde a unha realidade do problema de acceso á vivenda en alugueiro:
En Galicia, existe unha subida de máis do 30% en 5 anos, 9% no último ano. ou Falta de acceso á vivenda en alugueiro: o ano pasado alcanzouse o número máximo de solicitantes de vivenda no rexistro da Xunta. Vigo ten a maioría.
Hai a metade de vivendas dispoñibles para o alugueiro que hai 4 anos.
O número de vivendas postas en alugueiro vacacional multiplicouse por 3 nos últimos 5 anos, dándose a situación de que existe 7 veces máis vivendas dispoñibles para o alugueiro vacacional que para o alugueiro de vivenda habitual.
Maiores dificultades: solicitan ata dous ou tres meses de fianza, avais ou avais bancarios, seguros de falta de pagamento de alugueiro etc. O que imposibilita en moitos casos en acceso á vivenda. ou Isto está a orixinar grandes problemas para a emancipación da mocidade (taxa de emancipación baixou 1.2 puntos porcentuais, só un 15%), pero tamén para o desenvolvemento do proxecto de vida nas capas con maior precariedade: inmigrantes, familias monomarentales, etc.
• Ten puntos positivos:
Con todo, na súa aplicación:
1/ As medidas de límite dos prezos dependen da declaración de zonas tensionadas, así como o índice de prezos de alugueiro.
2/ A declaración de zonas tensionadas ten que solicitalas os concellos, pero o procedemento debe desenvolvelo as CCAA, que son quen ten as competencias.
3/ A Xunta de Galicia, inicialmente, dixo que non ía aplicala; logo abriu a porta, tras a solicitude de varios concellos; agora acaba de anunciar que vai recorrela , porque se mete en competencias autonómicas. Di que conter os prezos non funciona (esta perspectiva favorece á patronal inmobiliaria)
ou Os límites de prezos son unha pinza e seguen sendo demasiado altos, non é realmente unha solución.
4/ No caso dos pequenos propietarios, é unha recomendación, non unha obrigación. O 95 % da vivenda en alugueiro é de pequenos propietarios, non aplicará case nunca.
5/ A figura dos alugueiros de tempada serve para saltarse ese límite, é unha trampa dentro da lei.
6/ As prórrogas que se aplican aos contratos de alugueiro son só aos novos, non aos vixentes.
A vivenda é un dereito e non pode ser considerada como un negocio.
Vivimos nunha longa crise marcada pola sobreexplotación dos recursos naturais e do traballo humano, que pon en perigo tanto a supervivencia do planeta como a dignidade de nosa propia existencia. A quen sufro as consecuencias máis extremas da degradación das condicións de vida, a quen carezo de poder, patrimonio, propiedade ou privilexios para vivir con vantaxes no capitalismo, convídasenos (unha vez máis) a delegar as nosas esperanzas no mercado —que distribúe e concentra a riqueza social en mans duns poucos—, ou no Estado —incapaz de ser outra cousa que unha ferramenta ao servizo dos máis poderosos.
A experiencia permítenos saber que sen organizacións sociais autónomas capaces de xerar espazos, reivindicacións e loitas propias, a situación non pode cambiar a mellor, senón reproducirse ou empeorar.
Neste escenario de desigualdade crónica que nos desposúe da posibilidade dunha vida digna para todas, avanzan as ideas reaccionarias, o individualismo feroz, as políticas de degradación da vida urbana e os ecosistemas, e o autoritarismo dos Estados para regular as consecuencias dunha crise que é global e permanente.
A situación da vivenda é unha das consecuencias desa longa crise, que vai máis aló das crises inmobiliarias recentes. Fai moito que a vivenda deixou de ser o lugar onde vivir e converteuse nunha mercadoría coa que obter beneficio, mediante o alugueiro ou a débeda hipotecaria, á conta do traballo ou do salario doutros. O acceso á vivenda converteuse na clave do empobrecemento de moitas e do enriquecemento de outros1. As loitas pola vivenda son loitas contra ese sistema de desigualdade e son, inevitablemente, loitas de intereses confrontados, unha expresión da loita de clases.
O sindicalismo laboral xurdiu no seo do conflito histórico entre capital e traballo, entre posuidores e desposuídos, e foi capaz de torcer o brazo ao poder unha e outra vez, ata o punto de representar unha alternativa ao sistema capitalista, achegando formas de organización fortes, estables e autónomas ás loitas por mellorar as nosas condicións de vida. Seguindo ese exemplo, no ámbito da vivenda, o sindicalismo de base tamén busca dotarnos dunha forza para determinar cambios substanciais, partindo do feito de que o modelo económico baséase no noso espolio e que iso nos pode dar forza e capacidade de transformación se nos organizamos como suxeito colectivo.
Por iso defendemos a importancia dun Sindicato de Inquilinas que dea resposta organizativa e sirva de encontro no medio da dispersión actual. Un sindicato forte e estable que asegure que a axenda de cambios respecto a a vivenda non veña marcada por intereses externos ou ciclos electorais, senón por un obxectivo común que combata os modelos actuais e propoña alternativas, e que será máis determinante cando teña capacidade de establecer propostas para a constitución de novas maiorías sociais a través dun proceso de organización e politización levado a cabo polas propias inquilinas en conflito.
. INTRODUCCIÓN El capitalismo de plataforma está ocasionando profundas transformaciones en la sociedad urbana al acelerar nuevas dinámicas sociales y culturales en la era digital (Srnicek, 2020). Nos encontramos ante un amplio cambio social y urba-no propiciado por nuevos patrones de consumo y una globalización asimétrica de la cultura digital, donde los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber), los BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) y empresas de plataformas como Deliveroo, Rappi o Glovo se están convirtiendo en algunos de los principales actores en la reconfiguración de este nuevo escenario urbano tecno-social (McNeill, 2021; Hodson y McMeekin, 2021). Estas grandes empresas tecnológicas y de plataformas son cada vez más poderosas
Los caseros y los inversores ahora pueden obtener un mayor rendimiento de sus propiedades si se las alquilan temporalmente a turistas o a otra población flotante, en lugar de alquilárselas a la población permanente (a quienes habitan la ciudad). Si bien Airbnb es el caso más sonado, durante los últimos años numerosos autores han introducido nuevos conceptos para señalar cómo esta lógica se extiende sobre el conjunto de la ciudad. Shaw (2020) ha introducido el término «plataformas inmobilia-rias» para describir cómo las recientes innovaciones en tecnología digital están transformando abruptamente los mercados inmobiliarios urbanos.
Es la cara oculta de la plataformización del tejido urbano, que destaca por la aparición de nuevas formas de precariedad laboral (Hill, 2015; Ravenelle, 2020; Frenken et. al., 2020; Koutsimpogiorgos et al., 2020), con bajos salarios y menor protección en los sectores más bajos (Cañada e Izcara, 2021), así como la expan-sión de lo que denominamos «gig workers». También conocidos como trabaja-dores a la carta, crowdworkers o microworkers, estas economías de subsistencia, se distinguen por la la hiperflexibilidad y la virtualidad (Shipside, 2002) y una alta incertidumbre biográfica, caracterizadas también por el hecho de que los empleadores sortean -en muchas ocasiones bajo prácticas ilegales- la responsa-bilidad de contratación directa, el propio estatuto de los trabajadores o la reciente ley Rider. La relación entre empleador y empleado es temporal o muy limitada en el tiempo debido a esa relación virtual de trabajo, basada aparentemente en criterios cientificistas, propios de un nuevo taylorismo digital y a un algoritmo omnipresente y omnipotente. Nos referimos a microempleos desempeñados por trabajadores digitales y analógicos a la carta, que dependen de estas economías y proceden en su mayoría del Sur Global; jóvenes y mujeres que trabajan en el espacio físico y dan vida a los servicios de estas economías tecnológicas y de plataforma.
Cualquiera que por miedo se convierte en parte de una población muy vulnerable que trabaja por cualquier salario.
El capitalismo de plataforma está ocasionando profundas transformaciones en la sociedad urbana….
……Estas grandes empresas tecnológicas y de plataformas son cada vez más poderosas y el contexto de pandemia vivida entre 2020 y 2022 han extendido su consumo y dominio sobre ciertas esferas laborales y sociales, tanto en términos de usos como de estilos de vida o nuevas formas emergentes de trabajo.
La forma dominante por tanto ya no es la mercancía, sino
el activo (la vivienda P .ej ) , que ahora sustituye a la mercancía «como base principal del capitalismo contemporáneo» (Birch & Muniesa, 2020, p. 2). Elobjetivoesextraeruna renta de la propiedad y el control de un activo, siendo el actor que recibe elpago – «por el mero hecho de controlar algo valioso»
Tomemos el caso de la plataformización del entorno construido. Airbnb se haconvertidoenelcasomássonadoalrespecto.Loscaserosylosinversoresahora pueden obtener un mayor rendimiento de sus propiedades si se las alquilantemporalmenteaturistasoaotrapoblaciónflotante,enlugardealquilárselas alapoblaciónpermanente(aquieneshabitanlaciudad).
…. la cara oculta de la plataformización del tejido urbano, que destaca por la aparición de nuevas formas de precariedad laboral :bajos salarios y menor protección
Los conocidos como trabajadores a la carta, crowdworkers o microworkers, estas economías de subsistencia, se distinguen por la la hiperflexibilidad y la virtualidad (Shipside, 2002) y una alta incertidumbrebiográfica,caracterizadastambiénporelhechodequelos empleadores sortean -en muchas ocasiones bajo prácticas ilegales- la responsabilidad de contratación directa, el propio estatuto de los trabajadores o la reciente ley Rider. La relación entre empleador y empleado es temporal o muy limitadaen el tiempo debido a esa relación virtual de trabajo, basada aparentemente en criterios cientificistas, propios de un nuevo taylorismo digital y a un algoritmo omnipresente y omnipotente.
Reclaman á Xunta e ao Concello dez medidas para garantir o acceso á vivenda
Nove organizacións esixen ao Alcalde e á Xunta un plan para que a vivenda social en Vigo acade o 15% do total do parque
• Presentan un decálogo de propostas que inclúe o rexistro de vivendas dispoñibles, promoción do alugueiro social e público, control de prezos dos alugueiros, un plan con perspectiva de xénero e cartos para acadar o 15% de vivenda social, ningún desafiuzamento sen alternativa habitacional e garantir a non discriminación.
(Vigo).- Amnistía Internacional, Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Fundación Érguete – Integración, Os Ninguéns, a Parroquia do Cristo da Vitoria, Proclade Fundación, Provivienda, a Rede Social Galicia Sur e o Sindicato das Inquilinas – Sindicato de Vivenda remitiron senllas cartas ao Alcalde de Vigo e á Delegada da Xunta nas que reclamaron que os orzamentos para 2024 de ambas administracións inclúan medidas que permitan poñer en práctica un decálogo de medidas para garantir o dereito á vivenda en Vigo.
“Reclamamos un plan plurianual que garanta o incremento progresivo do parque mínimo de vivenda destinado a políticas sociais, incluído o alugueiro social, e un calendario para acadar a media europea do 15% de vivenda social do parque municipal de vivendas en Vigo”, . “Pedimos ao Concello que solicite á Xunta a aplicación docontrol de prezos de alugueiros en zonas tensionadas de Vigo para garantir o acceso ao dereito humano da vivenda, que debe ser alcanzable, non un ben de investimento ou un produto de luxo”.
Decálogo para garantir o acceso o dereito á vivenda para todas as persoas, a non discriminación e enfoque de xénero
Para garantir o dereito á vivenda, as nove organizacións propoñen ao Concello e á Xunta un decálogo de medidas, seis delas urxentes e catro a medio prazo:
1 Establecer un rexistro adecuado das vivendas dispoñibles en Vigo, incluídas as vivendas da Sareb dispoñibles para alugueiro social.
2 Promover o alugueiro social, en particular o alugueiro público, artellando e dinamizando unha bolsa de vivenda de alugueiro con garantías para as persoas propietarias e apoio para as inquilinas que incentive que as vivendas dispoñibles se dediquen ao alugueiro que garanta que se conta con recursos e vivendas propios que permita dispoñer de alternativas para situacións de emerxencia.
3 Adoptar medidas para evitar o crecemento do número de vivendas baleiras e sistemas que permitan que as persoas que as necesitan poidan acceder a elas.
4 Aplicar decontado as medidas de control de prezos en zonas tensionadas segundo o disposto no artigo 18 da Lei 12/2023 de Vivenda.
5 Incluír nos orzamentos de 2024 unha partida. orzamentaria cun obxectivo cuantificable que garanta un parque mínimo de vivendas destinadas a políticas sociais, incluído o alugueiro social.
Este obxectivo debería ser, como mínimo, o equiparable ao estándar dos países da nosa contorna da Unión Europea do 15%das vivendas principais existentes.
6 Garantir o incremento necesario dos recursos humanos e financeiros nas partidas dos orzamentos de 2024 dedicadas aos Servizos Sociais para que poidan desenvolver o seu labor de forma eficaz.
As catro medidas a medio prazo propostas son:
A Elaborar, coa participación das organizacións especializadas e das persoas afectadas, un plan plurianual que determine unha porcentaxe anual de incremento progresivo do parque de vivenda social e estableza un calendario para acadar, o máis axiña posible, o obxectivo do 15% do estándar europeo do parque municipal de vivenda social.
B Garantir que ningún desafiuzamento deixa ás persoas na rúa, potenciando o Programa contra Desafiuzamentos do Concello de Vigo cun protocolo específico de actuación en casos de desafiuzamento por impagamento hipotecario ou por alugueiros, que permita asegurar que toda persoa desafiuzada dispón dunha alternativa habitacional adecuada, que deberá ser pública, no caso de que outra solución non estea dispoñible, garantindo así unha vivenda alternativa a persoas sen recursos.
C Incorporar a perspectiva de xénero nas políticas municipais de vivenda, dado que as mulleres teñen unha maior taxa de risco de pobreza, maior precariedade laboral e peores indicadores socioeconómicos.
D Garantir a non discriminación, incluíndo medidas para evitar calquera tipo de discriminación no acceso á vivenda garantindo o seu acceso a todas as persoas residentes en España.
///FIN
Tel. de contactos para medios:
Amnistía Internacional: Isabel Flores – Alberto Estévez: 698 119 395
Cáritas Diocesana Tui-Vigo: José Ángel Iglesias 986443310
Fundación Érguete – Integración: Ana María Álvarez Franco 696 276 200
Os Ninguéns: Carla Leiras: 600 923 140
Parroquia Cristo da Vitoria: Juan Antonio Terrón 633364424
Provivienda: Ana Pardo: 637 022 271
Proclade Fundación: Carmen López: 617 53 31 76
Rede Social Galicia Sur: Fran del Riego: 654 164 775
O chamado problema da vivenda afecta a miles de persoas que buscan un lugar ond vivir, mais tamén é o problema de miles de persoas que viven na incerteza de se poderán seguir pagando os alugueiros ou a cota hipotecaria. O prezo dos alugueiro non deixou de subir nos últimos anos, os prezos de alugueiro aumentaro considerablemente nos últimos anos, especialmente nas cidades máis grandes com A Coruña, Santiago de Compostela ou Vigo. Isto levou a unha carga económica cad vez maior para os inquilinos, que destinan gran parte dos seus ingresos ao pago do alugueiro.
Algúns argumentos enganosos ou falsos sobre a cuestión da vivenda:
• Non é un problema da mozos e mozas ou de persoas vulnerables, estamos fartas de escoitar esa mentira, o acceso á vivenda ou a loita cotiá para non ser expulsadas das nosas casas afecta a amplas maiorías sociais.
Destinamos máis do 40% dos nosos ingresos ao pagamento da vivenda
• Somos o país da OCDE onde máis porcentaxe do salario dedícase ao a sufragar o alugueiro e dispáranse os desafiuzamentos
• Non é tampouco un problema de baixos salarios, que son baixos sen dúbida, porén non é certa a afirmación: «é que os salarios son baixos» que o son. É curioso que se preocupen do pouco que gañamos, para darllo a eles. Asistimos a untransferencia de diñeiro ao rentísmo.
* Denunciamos o alugueiro Turístico: É especulación pura porén é que ademais está converter aos barrios nun trasfego insoportable de turistas. En Galicia xa hai máis oferta de pisos turísticos que habitacional.
Galicia posúe 340.500 vivendas completamente baleiras.
O Programa de vivenda baleira da Xunta, do PP, posto en andamento en 2016, só conseguiu adxudicar 7 vivendas, un escándalo. O Partido Popular non construíu vivendas sociais e agora fálanos de promesas.. As vivendas baleiras de grandes propietarios (persoas físicas ou xurídicas que dispoñan dun significativo número de vivendas) sen a debida xustificación deben mobilizarse cara ao alugueiro social a través da expropiación temporal do seu uso.
Esiximos:
1) Estabilidade do alugueiro. Débese estender a duración dos contratos de alugueiro: 12 e 6 anos para as vivendas de grandes e pequenos propietarios, respectivamente. Os contratos deben renovarse automaticamente se non existe necesidade de uso da vivenda pola propiedade familiar de primeiro grao (xustificando previamente e tendo que avisar con 6 meses de antelación).
2) Regulación dos prezos do Alugueiro. É fundamental garantir que o importe da hipoteca ou o alugueiro, sumado aos gastos e subministracións básicos, non supere o 30 por cento do ingreso medio. Esta métrica permite asegurar que a vivenda sexa asequible e accesible para unha amplio espectro de persoas, promovendo así a estabilidade financeira e o benestar.
3) Mobilización das vivendas baleiras. No sindicato consideramos que unha vivenda baleira é aquela a que non se lle deu uso habitacional durante seis meses sen causa xustificada. Por iso esiximos a mobilización forzosa das vivendas e terreos baleiros de grandes propietarios, a través da expropiación para poñela en uso, baixo réxime público. No caso dos pequenos propietarios, contemplamos a aplicación de bonificacións se se poñen en uso as vivendas durante o primeiro ano.
4) Aumento do parque de vivenda pública en réxime de alugueiro. É urxente aumentar o parque público de vivenda en alugueiro a través da mobilización da vivenda xa construída antes de promover novas construcións. Débese promocionar o réxime público de alugueiro.
Non somos partidarios de usar diñeiro publico para compra de Vivendas de Protección Oficial (VPO).
Por suposto, ten que quedar prohibida a venda de vivenda pública será recuperada a que se vendeu.
5) Eliminación do réxime especial tributario das SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento Inmobiliario). Eliminación do Réxime especial tributario das Sociedades
Anónimas cotizadas de investimento inmobiliario que tributan ao 0% no imposto de sociedades.
6) Que os Gastos derivados do alugueiro e fin dos abusos dos intermediarios. Trátase de poñer fin aos abusos dos intermediarios. O arrendador debe asumir a totalidade de honorarios polos servizos prestados por parte dos Axentes da Propiedade Inmobiliaria (APIs) ou administradores das propiedades.
7) Contra estafa HIPOTECARIA que a BANCA pague o incremento do EURIBOR.
A banca debería comprometerse a protexer os seus clientes fronte ás fluctuacións da Euribor, asumindo o incremento desta tarifa en lugar de trasladalo aos usuarios.
Tanto en Vigo como na súa área metropolitana os prezos do alugueiro alcanzaron máximos históricos. En 2023 o prezo dos alugueiros situouse en 9,4 euros por metro cadrado en Vigo, apreciándose un incremento anual do 4,8%, mentres que na Comunidade Autónoma de Galicia a subida foi de 2,8 % no primeiro trimestre do 2023. Isto, sumado aos baixos salarios medios da poboación (case o 50% da poboación viguesa cobra menos de 1.000€), provoca unha auténtica situación de emerxencia para quen non temos unha vivenda en propiedade. A elevada demanda, a escaseza e a carestía da oferta, así como as garantías que se esixen fan que atopar un alugueiro sexa cada vez máis difícil. E tamén resulta moi difícil seguir pagando un alugueiro: cada vez dedicámoslle unha maior porcentaxe do noso salario, mentres os prezos non deixan de subir. Ademais hai outros efectos indirectos: a expulsión das veciñanzas tradicionais cara á periferia, o elevado número de desafiuzamentos por falta de pagamento da renda e a exclusión do mercado do alugueiro dos sectores máis desfavorecidos, que vense empuxados cara a solucións habitacionaisnon formais.
As causas deste fenómeno son estruturais. O Estado profundou a súa intención liberalizadora e flexibilizadora nas últimas modificacións normativas (desafiuzamento express en 2008, reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos en 2013…) e priorizouse a vivenda libre e a compravenda fronte ao alugueiro, faltan políticas destinadas a facilitar o alugueiro (axudas sociais, vivenda social) e, en definitiva, a propiedade privada e o libre mercado prevalecen sobre os dereitos das inquilinas.
Pero ademais destas causas estruturais, existen outras, conxunturais, que levaron á conformación dunha segunda burbulla inmobiliaria. Pola súa crecente rendibilidade, o mercado do alugueiro converteuse na nova aposta do maltreito sector inmobiliario e pretende erixirse nun novo motor de crecemento da economía española. Ademais, a proliferación de alugueiros turísticos a través de plataformas mal chamadas “colaborativas” como Airbnb ocasiona incrementos no prezo das vivendas, cuxos propietarios prefiren alugar durante períodos máis curtos a un prezo máis caro. Deste xeito, o dereito á vivenda queda subordinado fronte ao beneficio dos fondos voitre, fondos de investimento, bancos, empresas, promotores e especuladores.
Ante esta situación, dixemos basta e decidimos autoorganizarnos para dar unha resposta colectiva. Reivindicando a fecunda tradición das loitas polo alugueiro a principios do século XX e as actuais loitas de afectadas pola hipoteca e polo dereito á cidade, decidimos crear un Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Hoxe, aquí, comezamos o proceso de construción dunha ferramenta coa que loitar polos nosos dereitos: os dereitos do inquilinato. O pasado ensínanos que só a través da loita, a organización e o apoio mutuo é posible reverter o enorme desequilibrio de poder que hai entre inquilinato e propietarios. Estamos convencidas de que este Sindicato é o contrapeso a ese desequilibrio de poder.
Por todo isto, facemos un chamamento e un convite a todas as persoas de Vigo, Tui, Baixo Miño e toda a área metropolitana de Vigo e arredores para que se incorporen a este camiño cara á creación dun poderoso Sindicato de Inquilinas: para poder vivir nos nosos barrios con garantías e dereitos, para demostrar unha vez máis que a unión fai a forza.
Sindicato de Inquilinas Vigo – Tui – Baixo Miño, setembro de 2023
As nosas demandas
* Estabilidade do alugueiro.
* Regulación dos prezos.
* Fin dos desafiuzamentos.
* Mobilización das vivendas baleiras.
* Aumento do parque de vivenda pública en réxime de alugueiro.
* Eliminación do réxime especial tributario das SOCIMI.
* Gastos derivados do alugueiro asumidos polo arrendador e terminar cos abusos dos intermediarios.
Grazas á investigación realizada por CIVIO, podemos comprobar unha vez máis o poder que teñen os grandes propietarios na Comunidade de Madrid. As 380 empresas que contan con máis de 50 inmobles controlan un total de 90.310 inmobles, o 17,6% do total dos contratos de alugueiro rexistrados na AVS. Destas 380 empresas, sete fondos voitre e bancos comparten 32.273 vivendas ou o 6,3% do total, con Blackstone á cabeza (13.125 vivendas) seguida de CBRE (4.848), Caixabank (4.755), Renta Corporacion (2.916), Banco Santander (2.916). 2.048), Cerberus (1.893), Corporación Xestora de Ares (1.330).
Infografía extraída do estudo Civio
Moitas destas empresas, a través das súas SOCIMIS e grazas a reformas lexislativas como a reforma da LAU de 2013, foron acumulando inmobles nos últimos 10 anos aproveitando os baixos tipos de xuro, mentres que a clase traballadora tivo cada vez máis dificultades para acceder a unha vivenda digna e viuse obrigada a entrar nun mercado de alugueiro regulado a favor dos rentistas. Unha vez máis denunciamos que este proceso non se produciu por razóns naturais ou inevitables, senón que foi o propio Estado, co apoio das institucións europeas, quen puxo unha alfombra vermella para que España siga sendo un paraíso da especulación. Así se fraguou un novo ciclo inmobiliario no que a explotación a través do alugueiro é unha das fontes da “recuperación da economía”, é dicir, dos beneficios das grandes fortunas. Só 10 empresas controlan o 12% dos inmobles alugados na Comunidade de Madrid.
Tamén vemos outros grandes titulares cos que tivemos conflitos como as irmás Castro Lomas, propietarias de Casvoz S.A., Caspima S.L. e Hice S.L. (160 inmobles en total) e os que conseguimos conquistar recentemente, a Venerable Terceira Orde (294 inmobles), unha orde relixiosa que se comporta como calquera outra arrendataria ao aproveitarse de bonificacións fiscais, ou España S.A., que tentou subir o aluguerío máis do 2% que marca a lei.
Este estudo civio confirma unha vez máis que o mercado do alugueiro está dominado por propietarios con múltiples inmobles de alugueiro, como anuncia noutro estudo da Cooperativa Hydra que puxo fin ao mito do “propietario vulnerable”.
Deixámosvos aquí o estudo completo publicado por Civio:
Desde el movimiento de Vivienda y otros muchos colectivos, venimos peleando durante años a pie de calle para lograr una ley que garantice el Derecho a la Vivienda en todo el Estado. La primera Ley por el Derecho a la Vivienda que se aprueba hoy no es esa Ley, ya que la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular, en lugar de garantizarse como un derecho al alcance de todas las personas.
Frente a las necesidades reales y urgentes de la gente, se han impuesto las presiones del periodo electoral, así como las de los fondos de inversión y las patronales inmobiliarias, y el resultado es una Ley que no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles, ni asegura la protección de un techo a las personas sin hogar, y cuyas medidas más destacables consisten en ventajas fiscales para los propietarios y una regulación de alquileres llena de carencias, que difícilmente tendrá el efecto de bajar de forma efectiva los precios de los mismos. No se tienen en cuenta ni la subida de tipos de interés, ni las elevadísimas cifras de demandantes de vivienda, donde existen, ni las miles de familias amenazadas de no renovación de sus contratos… etc., etc., etc.
Tras años de presión y esfuerzo, nuestra iniciativa logró el 30 de septiembre de 2021, avalados por 9 formaciones políticas del Congreso, registrar nuestro propio texto de ley que sí garantizaba el ejercicio del derecho a la vivienda y cuya toma en consideración fue rápidamente rechazada por el PSOE.
Hoy, fruto de esa potente lucha, se da un paso adelante y las Administraciones empiezan a reconocen el valor social de la vivienda. Pero, por desgracia, el derecho a la misma sigue sin estar garantizado. Por ello, somos realistas al reconocer que el paso es ínfimamente más corto de lo que podía y debía haber sido, y de lo que terminará siendo. Por esto y mucho más, tenemos claro que nuestra lucha no acaba aquí y será aún más fuerte a partir de ahora. Es el movimiento de vivienda lo que nos ha traído hasta este día, y es el movimiento de vivienda el que seguirá conquistando derechos, aparte de defender los que ya hemos ido ganando.
A continuación, vamos a detallar 5 aspectos concretos de la ley que nos preocupan especialmente:
1.-Derecho a la Vivienda. – El Gobierno y sus socios han ignorado el reciente informe de los relatores de Naciones Unidas de Vivienda y Pobreza Extrema sobre el Proyecto de Ley (OL ESP 1/2023) que señalaba que “El proyecto de ley no consagra el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano de todas las personas» y que “consagrar un derecho en la legislación nacional solo tiene un valor limitado si las personas no tienen acceso a la justicia y recursos efectivos cuando pueden ser denegados o violados”. La ley no ha incluido ninguna posibilidad de recursos administrativos ni judiciales para su cumplimiento, por lo que el ejercicio del Derecho no queda realmente protegido. Cualquiera puede recibir una demanda para desahucio, pero nadie puede demandar al Poder Público que corresponda para que le facilite una vivienda.
2.- Desahucios. – También en este aspecto se ignoran las principales demandas de nuestras organizaciones y el Informe de Naciones Unidas. Únicamente se incluyen medidas que alargarán los procedimientos judiciales, pero no se garantiza la alternativa habitacional para las personas vulnerables víctimas de desahucios. Desde la Iniciativa, pedimos la inclusión de la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a personas vulnerables, pero el Gobierno y sus socios no lo han querido tener en cuenta. En 2021 y 2022, a pesar del escudo social, se han ejecutado 79.628 desahucios. Nos preocupan enormemente los más de 52.826 procedimientos de ejecución hipotecaria que se encuentran en curso en los juzgados y que pueden acabar en desahucios; también la falta de regularización adecuada de ocupaciones y de previsión ante el fin de la moratoria el 15/05/24 a miles de familias, y sin asumir la responsabilidad limitada y la inembargabilidad de la vivienda habitual.
Tampoco la ley tiene en cuenta que, para que una vivienda pueda tener la consideración de “digna y adecuada” ha de tener garantizado el acceso a los suministros básicos de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
3.- Alquileres. – En la regulación pactada se plantea un enfoque que propone congelar precios a nivel general y obligar a bajar precios en el caso de los grandes tenedores. Esto no es tan solo un retroceso respecto a lo que se había ganado con la Ley de Regulación catalana, una ley efectiva y de aplicación universal que obligaba a contener y bajar precios para todos los alquileres sin importar el tipo de tenedor, sino que tampoco es una medida de la cual se va a poder beneficiar todo el conjunto de la población. El Gobierno hoy ha fallado en su labor de garantizar el acceso a un alquiler asequible y estable para todo el territorio, al aprobar una herramienta de regulación de precios por primera vez en 40 años, pero solo para aquellas comunidades autónomas que así lo decreten.
Además, la regulación de alquileres aprobada en la ley tiene serios defectos que desvirtúan su intención y la hacen inefectiva: está llena de agujeros, puestos intencionalmente por los partidos para proteger los intereses de la patronal inmobiliaria y permitir que los arrendadores puedan continuar subiendo los precios del alquiler. En primer lugar, la regulación en las áreas tensionadas deja fuera a los alquileres turísticos y de temporada, por lo que los arrendadores que quieran saltarse la ley podrán desviar la oferta de alquiler residencial a alquiler de temporada sin ninguna sanción, tensionando todavía más el mercado. En segundo lugar, en las viviendas con precio regulado, lejos de asegurar la congelación de los precios respecto al contrato anterior, se podrán hacer subidas encubiertas de hasta el 10%, alegando simples mejoras en la accesibilidad o incorporando nuevos gastos como el IBI. Por último, deben sumarse las subidas interanuales vinculadas a la inflación, que están permitidas hasta el 2% y el 3% respectivamente durante los dos próximos años y que no garantiza ningún otro límite a partir del 2025, a pesar de que ya estamos en máximos históricos en cuanto al precio de vivienda en ciudades como Madrid y Barcelona.
Sin embargo, aunque sean insuficientes, hay ciertos avances que reconocemos como victorias de nuestra lucha y organización. El más significativo es que se ha puesto fin a la estafa de las inmobiliarias: los inquilinos ya no deberán pagar unos honorarios injustos, puesto que la ley reconoce que las inmobiliarias no son meras intermediarias, sino que trabajan para los rentistas y en contra de los intereses de los inquilinos, garantizando altos rendimientos de sus activos inmobiliarios. Los honorarios suponían no solamente un robo, sino una barrera muy importante de acceso a la vivienda para muchas personas de la que por fin nos logramos librar gracias a la lucha colectiva. Asimismo, hemos presionado para bajar el criterio de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles, en aquellas comunidades autónomas que así lo decidan. Todas las obligaciones que, a partir de este momento, se establezcan sobre los grandes tenedores, afectarán a un número mayor de rentistas y, por lo tanto, también beneficiarán a un mayor número de inquilinas.
4.- Parque Público. – Aunque saludamos las promesas dirigidas a corresponsabilizar a las Administraciones en el acceso a la vivienda, y que rompen con las terribles políticas de derechas que nos han dejado en esta situación, tenemos que decir que el Proyecto de Ley carece de una elemental planificación del Parque Público y de la correspondiente memoria económica. Este vacío es respondido parcialmente por el presidente Sánchez con un anuncio de 113.000 viviendas (50.000 Sareb + 43.000 fondos europeos + 20.000 en suelos de Defensa y a través de SEPES).
En todo caso, el exiguo parque público actual, del 1,6% de las viviendas principales, exige la construcción de 1.391.783 viviendas, si se quiere llegar a la media europea del 9,3% de viviendas principales, según datos del Eurostat recogidos por el Observatorio de la Vivienda del Ministerio de Transportes.
Para hacer efectivo el derecho a la vivienda a todo el territorio del Estado, hemos pedido en nuestras aportaciones que los municipios con demanda residencial acreditada superior a la media del Estado deben disponer, en el plazo de 20 años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de viviendas principales existentes.
Parque Público y emergencia habitacional
Por otra parte, el parque público, a pesar de las recientes promesas, no va a permitir dar ya alternativa habitacional ante los desahucios y enfrentar la enorme emergencia habitacional:
• De hecho, las 43.000 viviendas de fondos europeos financiadas con el ICO y las 15.000 en suelos de la Sareb, han de ser construidas y solo podrán ser útiles en 5/10 año, al igual que las últimas 20.000 anunciadas.
• Por otra parte, las 14.000 viviendas de la Sareb en las que viven ahora, servirán —y esto es muy importante— para no aumentar la emergencia de las mismas, debiéndose firmar con gran urgencia contratos de alquiler pendientes, retirar procedimientos judiciales injustos, encontrar alternativas a impagos y regularizar las ocupaciones de buena fe.
• Pero, de las 21.000 de venta a CCAA y ayuntamientos, solo se va a disponer de la mitad si se mantiene la proporcionalidad utilizada en diferentes CCAA (unas inhabitables, otras en zonas sin demanda o con una rehabilitación muy cara). Además, es una quimera y un sinsentido pretender que se endeuden más las CCAA y ayuntamientos al obligar a recomprarnos nuestras propias viviendas, las de peor salida mercantil, cuya deuda de 35.000 millones está ya avalada con dinero público.
Nos preocupa que la gestión del proceso esté en manos de dos grandes fondos de capital riesgo, Blackstone (Aliseda/Anticipa) y KKR (Hipoges), y de Lone Star (Servihabitat). También nos preocupa que no se hayan ofrecido las mejores viviendas que tiene la Sareb (las 4+17000 previstas de Árqura Homes), destinadas a hacer caja.
En definitiva, hace falta una medida complementaria necesaria: el Alquiler Social Obligatorio para grandes tenedores, aplicada con éxito en Cataluña para poder enfrentar la emergencia habitacional y los desahucios, y avanzar en los siguientes aspectos:
La cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca rescatada, deudora de préstamos y avales públicos; y programas con propietarios particulares para promover la cesión a ayuntamientos dando garantías.
El aumento de suelo para reserva de viviendas de protección social (del 40 al 50% de la edificabilidad en nueva urbanización y el 50% en el suelo urbanizado para actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).
Extender y profundizar el derecho de tanteo y retracto, ya publicado en algunas comunidades autónomas, como la Valenciana.
5.- Sinhogarismo. – Tal y como aseveran los relatores de Naciones Unidas en su informe «la falta de respuesta por parte del Estado a las solicitudes de asistencia para superar la exposición a la falta de vivienda y a condiciones de vida inhumanas puede constituir un trato cruel, degradante e inhumano, en violación del artículo 7 del PIDCP y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derech90os Humanos» (sic). La Ley no prevé ningún derecho efectivo para las personas en situación de calle, lo que «viola la obligación fundamental del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de ‘garantizar la satisfacción de, al menos, los niveles mínimos esenciales’» (sic). El sinhogarismo supone un peligro especialmente grave para los derechos a la vida, a la salud y la integridad física y a la seguridad de la persona, derechos Fundamentales de nuestra Constitución, que continúan sin protección con esta Ley.
Si hoy hay Ley de Vivienda es gracias al esfuerzo titánico de miles de personas que han puesto su corazón y su cuerpo, desobedeciendo leyes injustas para proteger a sus vecinas y vecinos del terror de los desahucios y los alquileres abusivos. Aunque sabíamos que no era la solución última al enorme problema al que nos enfrentamos, confiábamos en que esta Ley supusiera un gran avance en el camino hacia el derecho universal a la vivienda, acabando con el sufrimiento y la angustia de las personas en situación de precariedad habitacional. Lamentablemente no es así.
A horas de su aprobación, hacemos un llamamiento a los partidos del Bloque de Investidura a introducir en esta fase final de la tramitación las medidas necesarias para que el derecho a la vivienda se haga efectivo y su protección quede garantizada jurídicamente.
Pero, lo más importante, es que haya ley o no haya ley, nuestros colectivos y organizaciones seguirán al frente de la lucha por el derecho a la vivienda. Por un lado, presionaremos sin cesar para que se apliquen las pequeñas medidas útiles que recoge la ley. Por otro, y mucho más importante, seguiremos organizando a la población, a la clase trabajadora, a la sociedad civil, para defender algo que nunca se debería de haber puesto en duda: que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna en la que construir un proyecto de vida estable, sea quien sea y viva donde viva.
Sindicato das Inquilinas e Vivenda Vigo 